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Las Casas Coloradas de la plaza Alta se quedan sin casero

23/03/2012

La Sociedad Pública de Alquiler, encargada de buscar inquilinos, se ha disuelto por orden del Gobierno

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A la accidentada experiencia que han sufrido los inquilinos que hace seis años empezaron a habitar los apartamentos de las Casas Coloradas se suma una nueva piedra en el zapato. De la noche a la mañana se han quedado sin casero. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un organismo creado por la exministra extremeña María Antonia Trujillo cuando desembarcó en el primer gobierno de Zapatero como ministra de Vivienda, fue una de las empresas públicas sacrificadas por Rajoy en el Consejo de Ministros del 16 de marzo.

El órgano ministerial se hizo cargo de los 22 apartamentos gracias a un acuerdo que firmó a finales de 2005 con la Junta de Extremadura, propietaria de los dos bloques y promotora de la rehabilitación de los inmuebles. Por los continuos desencuentros y quejas que han manifestado públicamente los residentes en todo este tiempo, se puede decir que la sociedad ahora extinta no ha ejercido precisamente de casero ejemplar. Las humedades y desperfectos que se originaron hace años siguen sin resolverse, conseguir que repararan un calentador o el ascensor de la comunidad implicaba muchas llamadas de teléfono y una abundante dosis de paciencia son solo algunos ejemplos. El colmo, según cuentan los vecinos más veteranos, llegó cuando Endesa se llevó el contador de la comunidad porque la SPA llevaba meses sin abonar las facturas de la luz, a pesar de que a ellos sí le habían cobrado.

Para evitar que se repitiera la situación, ahora la compañía se las pasa directamente a los inquilinos. La gota que colmó la paciencia de muchos fue la subida de los alquileres, que se aprobó unilateralmente. Aunque los que mantienen los contrato antiguos pagan algo más de 330 euros, con la subida hay quien empezó a pagar 380 y 400 euros.

Con este historial, no extraña que muchos residentes celebren la noticia de la desaparición. «Peor no se puede hacer», sentencia en la puerta de su casa un joven que prefiere no hablar mucho más ni decir su nombre porque ya se ha cansado de salir en la prensa cada vez que tenían problemas. «Esto ha sido una lucha constante desde que llegamos aquí».

A otros, la noticia sobre sus antiguos caseros les ha pillado por sorpresa. Ni tan siquiera la conocían hasta que los periodistas han empezado a interesarse. A ellos nadie les ha comunicado todavía nada sobre el cambio y en teoría siguen funcionando como hasta ahora.

Entre los cinco primeros días del mes deben abonar el alquiler en una cuenta bancaria que gestiona la Sociedad y si tienen algún problema siguen manteniendo un teléfono de contacto de un agente colaborador en la ciudad, que normalmente ejerce una inmobiliaria.

Pero con la nueva situación también se abren muchas incógnitas. Cuando se anunció la liquidación de la sociedad no se dieron muchos detalles para la transición hasta una nueva gestión de las funciones. Desde el Gobierno se limitaron a explicar que los contratos firmados siguen en vigor y se regirán por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Tampoco se sabe quien va a hacerse cargo ahora de los apartamentos de las Casas Coloradas, en teoría, y según se explicó en el Consejo de Ministros, desde el Ministerio de Fomento se va a tratar que las comunidades autónomas asuman algunas responsabilidades. En el caso de Badajoz tiene todo el sentido porque la Junta es la propietaria del inmueble. Pero a los inquilinos tampoco les han informado desde la consejería de Fomento, organismo que en teoría y según lo explicado por el Gobierno, debería ser quien tomara el relevo de la SPA.

Guillermo Anselmo ha sido uno de los inquilinos sorprendidos por la extinción. Entró a vivir al bloque más próximo al bar La Casona en octubre, después de firmar el contrato con una técnico de la SPA que se desplazó desde Madrid, aunque no concreta el número, sospecha que junto con su contrato, en esa misma fecha, también se formalizaron otros nuevos.

En los últimos meses, con la subida de los arrendamientos y con los desperfectos sin resolver, algunos inquilinos a los que les vencía el contrato de cuatro años optaron por no renovar el contrato de cuatro. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Guillermo, pero según cuenta, en su bloque todavía quedan apartamentos libre y en el otro, el más próximo a la torre de Espantaperros también se aprecian muchas persianas bajadas de forma permanente.

Es probable que las persianas bajadas de las que habla Guillermo no se vuelvan a levantar hasta que la nueva gestión se haga cargo del edificio. El problema es que si la transición se demora más de lo previsto y los apartamentos que se vacían no se vuelven a poner en el mercado para arrendarlos, las casas coloradas corren el riesgo de despoblarse de nuevo. El conflicto ya se ha tratado varias veces en pleno municipal, en una ocasión el alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, aseguró que le había pedido al consejero de Fomento, Víctor del Moral, que intercediera para que la subida que planteó unilateralmente la Sociedad se rebajara y evitar así el temido efecto rechazo. Ahora, se abre una nueva etapa en la que la Junta debe buscar quien gestione las Casas Coloradas.

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