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Las piscinas comunitarias ya no tendrán que pasar controles

09/07/2012

Con el nuevo decreto se exime a los propietarios de realizar exámenes sanitarios al agua, contratar socorristas y adaptar su arquitectura

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Del todo a la nada. Es a lo que han pasado los requisitos exigidos para abrir las piscinas de las comunidades de vecinos de la región. Desde el 2002, tal y como explica Soledad Acedo, responsable ambiental del Servicio Extremeño de Salud, cualquier piscina de uso colectivo, en el que se incluían más de 20 viviendas, estaba obligada a cumplir una serie de condiciones que se igualaban a las de las piscinas de uso municipal. Sin embargo, esto ha cambiado.

El pasado 12 de junio, la Junta hizo público en el Diario Oficial de Extremadura el nuevo Decreto 102/2012, del 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma. En él, se especifica que «las piscinas de comunidades de vecinos o comunidades de propietarios, o bien las de las asociaciones de propietarios, en las que la superficie de la lámina de agua del vaso sea igual o inferior a 250 metros cuadrados, entendiendo como tal la suma de la superficie de todos los vasos existentes» quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta regulación.

De esta manera, solo en la ciudad, 61 de las 66 piscinas pertenecientes a comunidades de vecinos que estaban registradas con anterioridad al decreto están eximidas de todo requisito. Ampliando el dato a la provincia, esta modificación de la normativa influye a 108 piscinas de las 114 inscritas.

Se trata de una modificación muy esperada tanto por vecinos como administradores de fincas y empresas de mantenimiento de piscinas ya que desde el 17 de mayo de 2011 la Consejería de Salud (antes de las elecciones regionales) había dado a conocer el borrador de dicho decreto sin que se hubiese comunicado su fecha de entrada en vigor. De esta manera, los implicados no sabían cómo actuar ante la situación, debido a que este cambio de normativa afectaba de manera notable a las condiciones de apertura de las piscinas.

Así, desde el pasado 13 de junio estos requisitos pasaron a la historia. Según indica Acedo, con esta revisión del decreto anterior lo que se pretende es «bajar los niveles de exigencias» a este tipo de propietarios ya que en su mayoría habían demostrado su incapacidad para adaptarse a las exigencias, especialmente de arquitectura, impuestas para poder abrir.

 Adiós controles

 Con este nuevo decreto, se acabaron los controles. Desde el 2002 los inspectores sanitarios, dependientes de las distintas áreas de salud de la provincia, realizaban registros de la calidad del agua así como de las condiciones de cada piscina. De media, el número de inspecciones por piscina que se llevaron a cabo durante el pasado verano fueron 6,5. Es decir, cada comunidad recibió aproximadamente una visita cada quince días de un inspector de manera «aleatoria y sin previo aviso», tal y como confirma el secretario del Colegio de Administradores de Fincas y gerente de Unifincas, Alfonso Pérez.

En estos controles se exigían unas características específicas dentro del ámbito arquitectónico, como una sala única para botiquín, vestuarios para ambos sexos, vallado alrededor del vaso y entradas por las duchas. En muchos casos, este tipo de obras aún no se habían realizado en las piscinas comunitarias, ya que el coste es elevado, por lo que se encontraban en periodos en los que se habían solicitado plazos más amplios de adaptación, explica Acedo. «Para algunas comunidades de vecinos el adaptar su arquitectura a la nueva normativa suponía un coste desorbitado, más aún teniendo en cuenta que estamos en época de crisis», recalca el administrador de fincas Carlos Tardío, gerente de la empresa L & G Asesoría y Administración S. L.

Otra exigencia era la de contratar a socorristas. Este era el encargado de realizar los controles diarios de la calidad del agua así como de llevar a cabo sus funciones en asuntos de salud y socorrismo.

La calidad del agua también era controlada por estos inspectores. Se vigilaba especialmente que los análisis estuvieran correctos y con todos los niveles adecuados.

Para que todos estos requisitos se cumplieran, ya que en caso de no ser así el SES podía obligar al cierre de la piscina, las comunidades de propietarios contratan a empresas de mantenimiento, quienes llevaban a cabo tanto las revisiones de la calidad del agua como la contratación del personal necesario.

A pesar de que el nuevo decreto exima de estas obligaciones, la responsable ambiental del SES, recalca que no debe olvidarse de la importancia de que tanto la calidad del agua sea la adecuada como de que la seguridad de los residentes esté garantizada ya que la propia comunidad será la responsable antes cualquier incidente.

FUENTE: DIARIO HOY

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