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LIBERADOS EN SU PROPIA CASA

22/04/2018

Ascensores, rampas, puertas más anchas..., la ley ya ampara todo tipo de obras en viviendas y zonas comunes para asegurar la accesibilidad

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En Unifincas estamos comprometidos con la accesibilidad

Pocas personas caen en la cuenta de que su propia casa se puede convertir en una cárcel. Una discapacidad sobrevenida y varios peldaños hasta la calle bastan para que alguien caiga prisionero en su propio hogar.

En la familia Márquez Torres todo cambió cuando a dos de las tres hijas les diagnosticaron la enfermedad degenerativa atasia de Friedreich. En Noelia los síntomas empezaron con 11 años y a los 20 ya iba en silla de ruedas. Su hermana Laura los notó con quince y hace cuatro que también se mueve en silla de ruedas. Por las calles de su pueblo, Alvarado, una pedanía de Badajoz, van en scooter.

Pero fue en su propia casa donde empezaron las limitaciones. «Vivimos alquilados desde hace 26 años en una casa de la Junta de Extremadura. Mis hijas tienen una enfermedad que les afecta al equilibrio. Al principio podían moverse agarradas al pasamanos, pero luego ya necesitaban una silla de ruedas y esto supone un cambio radical en una casa. La silla no cabía por la puerta, el pasillo era muy estrecho, en la entrada hay dos escalones, para pasar al patio hay otros tres peldaños...», relata Rosario, la madre.

Según cuenta, no se atrevían a hacer cambios en el inmueble porque el contrato con la Junta indica que cualquier obra supone la expulsión inmediata. El padre, Manuel, trabaja en el campo.

«Al final nos atrevimos a quitar la bañera y mi marido hizo una rampa como pudo hasta la calle, pero era demasiado empinada. Mi vida era ir y venir a médicos y fisioterapeutas con ellas y unas veces tenía que cargarlas, otras me tenía que ayudar la gente», prosigue.

Cuando comentó su situación en la sede pacense de Apamex (Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura), enseguida todo se puso a su favor. Unos técnicos visitaron su vivienda, tomaron medidas y les dijeron todas las cosas que había que corregir. Rosario no daba crédito. Al principio la Junta le dio permiso, pero le comunicó que del coste de las obras debían hacerse cargo ellos. Sin embargo, Apamex consiguió de que la obra la pagara la Administración como titular del inmueble, una inversión que considera de justicia y que puede solicitar cualquier persona que viva en una casa de titularidad pública.

«Se tiraron tabiques, ensancharon puertas, la rampa pudo llegar a la acera, nos pusieron puertas correderas y dejaron la casa en condiciones. Así yo pude meterme a pagar una furgoneta adaptada para desplazarme con mis dos hijas a Badajoz. La vida nos ha cambiado y y ellas entran y salen solas al baño, al patio o la calle», señala Rosario.

El Real Decreto 1/2013 por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene muy en cuenta la defensa de la autonomía de todas las personas. En sus primeras líneas habla de «un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión».

La primera ley que los protege data de 1982 y se ha ido actualizando (2002, 2007, 2011). En la última revisión incide en garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades. Esto tiene que ver con acceso al empleo, los transportes o poder visitar lugares de interés. Pero también con el propio hogar, esto es, con ascensores, elevadores y rampas. Dicho de modo directo, defiende de manera decisiva la supresión de barreras arquitectónicas en todas las comunidades de propietarios, sobre todo en las antiguas pues las edificaciones de nueva construcción hace tiempo que están obligadas a que sean totalmente accesibles.

Ahora basta con que una persona reclame esa accesibilidad para entrar y salir de su casa con facilidad. En algunos casos puede bastar con una rampa, en otros hay que poner un ascensor.

Suena como un gran avance, pero la realidad es que vamos tarde. El plazo que dio el real decreto de 2013 para adaptar las edificaciones antiguas que se construyeron antes de que no hubiera ninguna norma que las obligara a ser accesibles (la primera estatal es de 1989 y la autónoma llegó en 1997) expiró el 4 de diciembre de 2017. Cuatro meses después, no hay más que observar el parque inmobiliario de más edad para concluir que quedan muchas cosas por hacer, opinan en Apamex.

Sin embargo, es innegable que cada vez hay más concienciación sobre la necesidad de adaptar las casas, aunque una de las razones sea la revalorización del inmueble.

Mari Carmen Expósito es administradora de fincas en Badajoz con más de quince años de experiencia. Según dice, hasta su mesa cada vez llegan más casos de comunidades de vecinos que necesitan asesoramiento porque algún propietario ha reivindicado un mejor acceso.

«Según la Ley de Propiedad Horizontal, en cuanto lo pide una persona el resto de la comunidad debe asumir los gastos. Cuando me toca acudir a la reuniones para explicarlo les digo que conviene hacer estas mejoras porque dentro de poco, en cuanto se desarrolle el reglamento en la comunidad, se empezarán a realizar las ITE (Inspección Técnica de Edificaciones) que ya se llevan a cabo en Madrid. Es como una ITV para pisos y los inspectores se van a fijar mucho en todo lo relacionado con la accesibilidad».

«Nos afecta a todos»

Según una encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística) publicada en 2013 sobre integración social y salud, el 45,3% de los extremeños consultados tiene restricciones para salir de su casa. Entre las personas con discapacidad el índice subía al 81%. En general, casi uno de cada tres encuestados –el 31,9%– veía restricciones para la movilidad en el interior de los edificios

Para Jesús Gumiel, presidente de Apamex, «el problema de la movilidad nos afecta a todos. En esta sociedad hay muchos vecinos que, vivan en un segundo o en un cuarto, no se preocuparon de que la vivienda tuviera ascensor, pero después con el paso de los años lo consideran imprescindible».

En Apamex dicen que lo que frena las inversiones en esta cuestión es la falta de recursos económicos, sobre todo cuando se baraja la idea de poner un ascensor. Aunque hay ayudas públicas, si son pocos vecinos y el poder adquisitivo es bajo no hay dinero para poder afrontar una inversión de varias decenas de miles de euros.

Otras veces ni se les pasa por la cabeza porque, por la configuración del edificio, los propietarios piensan que es imposible instalar un ascensor. Se preguntan si habría que inutilizar el patio interior, o si es posible hacerlo por el exterior e invadir la acera. Casi siempre se puede.

Para orientar en este tipo de cuestiones sirven las dos oficinas que tiene Apamex en Badajoz y Trujillo, la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), la cual dirige Ascensión Muñoz y cuenta con nueve profesionales que asesoran de manera gratuita.

Desde su creación en 2008 por parte de la Junta de Extremadura (depende de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo), esta oficina ha realizado 501 informes relacionados con viviendas y portales; ha atendido 138 consultas y ha realizado un asesoramiento técnico relacionado con las subvenciones disponibles en ese momento en 626 casos. Si bien la Otaex asesora en todo tipo de cuestiones –desde elaboración de guías fiables a transportes, por poner un par de ejemplos–, las dudas relacionadas con cómo convertir las zonas comunes de una vivienda en accesible (rampas, ascensores y elevadores) representan el 43 % de las atenciones que prestan. Prueba de la eficacia de la Otaex es que ha sobrevivido a dos gobiernos autonómicos de distinto signo político.

 

63.000 euros entre cinco

 

Hace años, en la calle Calvario, en pleno centro de Mérida, una comunidad de vecinos inició los trámites para poner un ascensor. William Ruiz, ahora con 47 años, era entonces el presidente de la comunidad de vecinos. «Compré el piso en 2006 y cuando me tocó ser presidente de la comunidad supe que llevaban años intentando poner un ascensor porque en el segundo hay una joven que solo puede mover cuello y cabeza. La llevan a cuestas, pero los padres se van haciendo mayores y cada vez les duele más la espalda. El ascensor tenía que ir por fuera e invadir parte de la acera y al principio no nos daban permiso. Pero fui a informarme a la Otaex, expuse el caso, tomaron las medidas pues el bloque está retranqueado, nos presentamos en el Ayuntamiento con la normativa y la obra fue aprobada. Lo inauguramos en 2015 y fue un momento muy emocionante», relata William.

Aquella iniciativa les costó 63.000 euros a pagar en 8 años por cinco vecinos, ya que una mujer, pese a que se mueve con muletas, según Ruiz, decidió quedarse fuera y por eso el ascensor no tiene hueco hacia su casa.

Todavía están pagando la obra. Lo peor es que todo el dinero está saliendo de sus bolsillos porque las subvenciones no alcanzan a todos los casos y no siempre están abiertas las líneas de ayudas. «No hemos podido contar con ayudas públicas para que nos saliera más barato el ascensor porque el piso es de 1984 y tenía que ser más antiguo, pero la verdad es que nuestra vida ha mejorado bastante. Incluso varios vecinos han sido padres, algunos con mellizos, y ahora pueden entrar y salir con sus carritos fácilmente. El piso es de tres plantas y se puede subir con facilidad la compra, muebles, material para hacer una obra... Hasta ha venido gente a hacernos ofertas para comprar nuestras casas porque el bloque se ha revalorizado», señala Ruiz.

No siempre hay dinero

 

 

Sin embargo, no siempre hay un final feliz porque es imposible afrontar el gasto. La administradora de fincas Mari Carmen Expósito ha trabajado en dos casos recientes, ambos en Badajoz. En uno se acordó hacer la obra de una rampa en un portal de manera correcta, con una pendiente del 10% y el diámetro adecuado para que pudiera girar una silla de ruedas, «no en plan chapuza como pretendían algunos vecinos para ahorrar», dice. En otro caso, en el Casco Antiguo de Badajoz, quisieron llevar el ascensor hasta la cota cero, pero había que cambiar la caja, explica, y salía por más de 40.000 euros. «Eran once vecinos, casi todos arrendados y como no había nadie que lo pidiera pues no se hizo porque les pareció demasiado caro. Si hubiera una persona exigiéndolo sí tendría que haberse hecho», señala.

Otro caso en el que sí salió adelante la inversión fue en una zona de la barriada de Santa Marina (Badajoz) donde las viviendas son muy antiguas y la mayoría de sus inquilinos personas mayores. Muchos de ellos habían dejado de vivir allí porque no podían llegar con sus propias piernas hasta la puerta de su casa.

La idea ha sido colocar cuatro ascensores que beneficiarán a 35 familias en total, obra que está prácticamente concluida y que ha sido compleja porque requería de un centro de transformación propio para dar potencia suficiente al mecanismo de los ascensores. En total, medio millón de euros, calcula Alfonso Javier Pérez Calleja, administrador de Unifincas que ha tramitado la obra una vez la Otaex elaboró el primer informe y asesoró a los presidentes de las comunidades.

Según Pérez Calleja, «no ha habido conflicto, si acaso algunas discrepancias con usuarios de las plantas bajas, pero al final todos se han alegrado de hacer la obra porque les vale para llegar a los trasteros o el garaje. En otros casos los conflictos surgen cuando hay locales comerciales porque no se benefician del ascensor, pero la ley les obliga porque cada vez protege más a las personas con falta de movilidad. De hecho, cada vez se demandan más obras para adaptar portales, piscinas... La gente se está concienciando», expone.

Dormir en el salón

 

Pero la tarea pendiente en conseguir eliminar esa discriminación social a la que alude el Real Decreto citado al inicio no acaba en los espacios comunes. El interior de muchas viviendas sigue siendo incómodo para muchos moradores, y en el caso de casas con más de una planta las dificultades se multiplican.

«Cada vez más personas duermen en el salón o terminan adaptando el garaje para vivir con tal de no hacer frente a los peldaños de esa segunda planta donde hacían su vida con normalidad», dice Jesús Gumiel.

Puede ser el caso de Isidoro Márquez, que acaba de cumplir 82 años, y su esposa Teodora. Viven en Villamiel, un pueblecito cacereño de la Sierra de Gata. Su casa tiene dos plantas separadas por catorce peldaños. «Yo ya tengo un montón de operaciones, una válvula aórtica, estoy operado de una rodilla... Tanto mi mujer como yo estamos cascados, así que para subir a la otra planta nos agarramos al pasamanos y le echamos paciencia. Al principio pensé en poner un elevador por mi cuenta, pero vi que no había espacio suficiente. Fui a Hoyos y luego a Cáceres hasta que me dieron un teléfono».

Ese contacto le va a cambiar la vida. Se refiere a la oficina de la Otaex de Apamex. «Les expliqué mi caso y vinieron a verme desde Badajoz dos personas que tomaron todo tipo de medidas y me hicieron un informe gratis que ha quedado perfecto. El elevador me va a salir por unos 30.000 euros, así que estoy esperando a que salga alguna subvención porque me parece demasiado dinero», dice.

Según explican en la Otaex, en estos momentos no hay abierta ninguna convocatoria de ayudas económicas para este tipo de obras que mejoren la accesibilidad en los hogares, tanto dentro como en los espacios comunes si se trata de una comunidad. Lo habitual es que sean más cuantiosas cuanto menor es la renta del solicitante. La previsión es que el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 que se acaba de conocer lleve aparejado una línea de ayudas económicas destinada a hacer las casas más accesibles para todos. En una población cada vez más envejecida, miles de extremeños ya están pendientes de si podrán recibir una ayuda económica para adaptar su hogar y prolongar la calidad de su vida.

 

Fuente: HOY.ES

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