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«Una buena solución sería fundar un órgano arbitrario para crear acuerdos»

21/03/2012

  «No pagar la cuota de la comunidad, por ley, no te va a privar de ningún servicio. Sin embargo, si no pagas la luz, el teléfono, el agua o la hipoteca, sí que supone un problema». Este, tal y como recalca Carlos Tardío, es el mayor motivo por el cual la morosidad en el sector se va incrementando. Mucha gente se encuentra en el paro o cobrando algún subsidio con lo que decide no pagar el ...

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«No pagar la cuota de la comunidad, por ley, no te va a privar de ningún servicio. Sin embargo, si no pagas la luz, el teléfono, el agua o la hipoteca, sí que supone un problema». Este, tal y como recalca Carlos Tardío, es el mayor motivo por el cual la morosidad en el sector se va incrementando. Mucha gente se encuentra en el paro o cobrando algún subsidio con lo que decide no pagar el recibo del vecindario para poder cubrir el resto de sus necesidades.

«Cuando la situación del moroso es grave y el implicado lo da a conocer, el resto de residentes suele ser comprensivo y se le da un margen de pago. Sin embargo, si el moroso no da la cara, se llega a denunciar», añade. Según los administradores, para iniciar un proceso judicial monitorio, la cuantía de deuda debe situarse en 300 ó 400 euros mínimo, aunque lo normal es que no se denuncie hasta que se superen los 600. Una vez iniciado el proceso, lo complicado es dar la notificación a la persona morosa, porque normalmente no se encuentra en el domicilio en el que figura su residencia, que es en la que se debe la cuantía, con lo que se atrasa bastante el cobro. El tiempo de espera para que se resuelva este tipo de casos, explica Alfonso Pérez, antes se podía situar en tres meses, «ahora como mínimo tarda seis».

Además, a día de hoy, informan los administradores, los jueces no suelen embargar el piso por cuantías tan pequeñas, que oscilan a lo sumo entre los 2.000 y 3.000 euros, por lo que debe esperarse a que se pueda lograr recaudar bien de Hacienda, del propio sueldo o de otros bienes como son los vehículos.

Para buscar una solución menos traumática ante estas situaciones, el Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura está realizando un estudio con los datos de morosidad en la región, que será presentado en abril. «Esperamos crear con ello un debate interno y juntar sinergías. Por ejemplo, queremos analizar la posibilidad de crear un órgano arbitrario según el cual se puedan llegar a acuerdos entre comunidades y morosos para realizar el abono de la deuda sin necesidad de denunciar, pero que tenga fuerza de sentencia, y además ahorrándose los costes judiciales. En otras regiones existe y sería bueno planteárselo de forma conjunta con otros agentes sociales como el Colegio de Abogados.

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